Desde contratos fraudulentos hasta daños a bienes se usaron contra sector petrolero

Foto archivo: Zurimar Campos, AVN

Caracas, 13 Oct. AVN.- El desfalco al sector petrolero -cometido entre 2010 y 2016- aún está por calcularse, pero las investigaciones realizadas en los dos últimos meses por el Ministerio Público (MP) revelan un daño patrimonial a la nación por contratos con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco, desmantelamiento de una flota de vehículos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el sabotaje a las filiales PetroZamora y PetroPiar.

En dos meses de investigaciones, la Fiscalía ha logrado la privativa de libertad de 18 personas, entre ellos el exdirector de la Faja, Pedro José León Rodríguez, quien está recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar junto a nueve gerentes de Pdvsa Occidente.

También han sido allanadas nueve empresas vinculadas a contratos irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco. El fiscal general, Tarek William Saab, informó que en 12 contratos que fueron adjudicados de forma irregular en la Faja Petrolífera a 10 empresas se ocasionaron daños al patrimonio del Estado por más de 200 millones de dólares, al comprobarse sobreprecios de hasta 230 %.

También fueron detenidos los empresarios Carlos Esteban Urbano Fermín, directivo de la empresa Cuferca, y Manuel Vicente Sosa Morales, actor y socio de la empresa Suministros Gramal C.A.

En el caso de la empresa Gramal, recibió entre 2015 y 2016  la cantidad de 27,8 millones de dolares por diversas órdenes de compra con sobreprecio. Por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión y el ciudadano Sosa Morales se acogió a la figura de la delación, contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal.

La Fiscalía también ordenó privativa de libertad contra los ciudadanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, quienes residen actualmente en Estados Unidos.

Varias empresas de la familia Urbano Fermín fueron allanadas en septiembre, como la constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) que tiene una red de empresas registradas en Estados Unidos, Panamá, República Dominicana. Así mismo, la constructora Hermanos Furlanetto C.A. (Confurca), con bases en el estado Zulia y Bogotá, Colombia; Consultoría, Ingeniería y Proyectos N.F. Metro Emergencia C.A.; Servicio Constructora Roca C.A., asociada a Cuferca; Centro Médico Total Lechería C.A., perteneciente al conglomerado Cuferca; diario El Norte, perteneciente al conglomerado Cuferca, y Meditotal, perteneciente al conglomerado Cuferca.

El Ministerio Público también solicitó a Interpol la activación de alerta roja para la detención de empresarios prófugos, dueños de tres empresas que presuntamente incurrieron en la contratación con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco y que fueron allanadas: Cooperativa Servicios de Oriente, que obtuvo un contrato por 5,4 millones de dólares, cuyo dueño es Eduardo Celis García; Sumiservi 2021 C.A., compañía que firmó contrato por 18,8 millones y que es propiedad de Juan Carlos Díaz. También se allanó Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara, empresa que suscribió un contrato por 2,3 millones de dólares, y cuya representante es Marialba Machado Suárez.

Sobre el caso de Petrozamora, hay nueve gerentes y directores de Pdvsa con medidas de privativa de libertad. Uno de ellos se encuentra bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país, ya que se acogió a la delación.

En cuanto al desmantelamiento de más de mil vehículos en el estado Monagas, hay cinco funcionarios detenidos. Esta semana se puso a las órdenes del Ministerio Público Jesús Moreno, gerente de transporte de la división Pdvsa Carabobo, quien se encontraba prófugo.

El fiscal general indicó que estos funcionarios presuntamente integraban una mafia que traficaba con patrimonio y bienes de Pdvsa en Monagas, causando un grave daño patrimonial a la nación.

Detectan red delictiva en la Fiscalía

La Fiscalía también investiga la presunta implicación de altos funcionarios y directivos del Ministerio Público en una red delictiva que operaba en la institución y que extorsionaba a varias empresas que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, a las que esta red chantajeó por más de seis millones de dólares con la amenaza de iniciar investigaciones en su contra y que era dirigida por Germán Ferrer, diputado y esposo de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien está prófuga de la justicia.

Este hecho fue denunciado ante el MP en agosto pasado por el constituyente Diosdado Cabello y las pruebas consignadas constituyen evidencia de un delito en flagrancia, con premeditación y alevosía, aseveró Saab.

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